El desarrollo de redes de carga para vehículos eléctricos es uno de los pilares clave para la expansión de la electromovilidad en Latinoamérica. Sin embargo, uno de los grandes desafíos sigue siendo la rentabilidad y accesibilidad de estas infraestructuras, especialmente en el ámbito público y empresarial.
En la reciente edición del eMobility Café, expertos de Costa Rica, Paraguay y Chile conversaron sobre cómo mejorar estos aspectos y las soluciones implementadas en sus respectivos países.
Un aspecto común entre los tres países es la necesidad de adaptar las soluciones tecnológicas y económicas a las realidades locales.
El debate sobre la rentabilidad y accesibilidad de las redes de carga en Latinoamérica destaca la necesidad urgente de encontrar modelos económicos sostenibles y de garantizar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y redes.
Con un crecimiento acelerado de la movilidad eléctrica, la región debe tomar decisiones estratégicas para facilitar el acceso a la infraestructura de carga y asegurar la viabilidad económica de los proyectos a largo plazo.
En el caso de Costa Rica, ha avanzado con 58 estaciones de carga rápida, el crecimiento de la infraestructura no ha sido suficiente para mantener el ritmo del aumento en la cantidad de vehículos eléctricos.
“El esquema actual no es rentable para los proveedores de energía. El gobierno ha impulsado estaciones de carga, pero el crecimiento del parque vehicular ha sido mucho mayor», señaló Rafael Marín Rodríguez, director general de CREV.
Para hacer frente a esta situación, la empresa está trabajando junto a inversionistas privados para instalar unidades de carga de menor capacidad (21, 28 y 40 kW), lo que ha permitido una mayor cobertura sin las altas inversiones necesarias para estaciones de carga ultra-rápidas.
Por otro lado, Marín mencionó que el modelo de cobrar por el uso de las estaciones, algo que ha sido históricamente un tema controversial, se ha vuelto más necesario en la región.
«En Costa Rica, los usuarios pedían que se cobrara por la carga para evitar el uso indebido de los puntos, como dejar los vehículos estacionados innecesariamente. Esto genera una distorsión y perjudica a los usuarios que realmente necesitan cargar», agregó.
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No es muy diverso el caso de Paraguay. Javier Díaz, presidente de la Asociación Paraguaya de Vehículos Eléctricos (APVE), relató cómo el país ha experimentado un crecimiento lento pero constante en su red de carga.
«En los primeros años, las estaciones de carga fueron gratuitas, lo que provocó largas filas de usuarios que no necesariamente necesitaban cargar», explicó Díaz.
Con la llegada de una multinacional y la instalación de más de 30 puntos de carga rápida en todo el país, la situación cambió. Ahora, las estaciones cobran por el servicio y han implementado sistemas de reserva mediante aplicaciones móviles.
«Este modelo ha mejorado la gestión y la utilización de las estaciones de carga», afirmó. Sin embargo, también reconoció el reto de la interoperabilidad, ya que existen diversas aplicaciones y redes que aún no están conectadas entre sí.
Tal es el caso de Chile que la red pública cuenta con aproximadamente 1,450 conectores, pero la mayoría de las estaciones privadas no están conectadas al sistema público.
«Estamos trabajando en una ley de interoperabilidad que permita que todos los cargadores estén en línea y sean accesibles desde una única plataforma», comentó Rodrigo Salcedo, presidente de la Asociación Gremial de Vehículos Eléctricos de Chile (AVEC).
De esta manera, los usuarios podrían consultar la disponibilidad de las estaciones y hacer pagos sin necesidad de múltiples aplicaciones. Este enfoque no solo beneficiaría a los conductores de vehículos eléctricos, sino que también permitiría un mejor aprovechamiento de la infraestructura energética del país.